Diputado Molina pide juicio político contra funcionarios de Administración de Kiko Vega por omisión en Ley de Víctimas

ALFREDO AZCARATE VARELA
THE BAJA POST/EDITOR

Hay mucha gente en Baja California, que ha sido víctima de delitos y han tenido que buscar resarcimiento o justicia con sus propios recursos y la Ley General de Atención a Víctimas del Delito es letra muerta y hay responsabilidad en funcionarios de la administración estatal anterior en este tema, muy delicado, aseguró el Diputado Juan Manuel Molina.

Después del anuncio sobre juicio político para Kiko Vega y otros funcionarios por parte del Gobernador Jaime Bonilla y el Secretario General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano, por un presunto desvío de mil 200 millones de pesos, ahora en el Poder Legislativo surge esta otra solicitud de juicio político, con una causa independiente de lo solicitad por el Ejecutivo, dijo Molina.

Agregó que hubo omisión en la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Baja California y del Centro de Atención Integral a las mismas, por parte de funcionarios del Gobierno de Kiko Vega, entre ellos el ex Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez; el Secretario de Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz; la actual Diputada de lista por el PAN, Loreto Quintero Quintero y la ex Procuradora del Estado, Perla Ibarra.

Molina dijo que desconoce los montos que se dejaron de ejercer y lamentó que la atención a víctimas del delito siga siendo letra muerta a pesar de que existe una Ley General de Víctimas, nunca se concretó la instalación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y lamentó que haya casos como los dos jóvenes desaparecidos en el que son sus familiares quienes han estado tratando de localizarlos, usando sus propios recursos y la atención a víctimas pareciera ser “letra muerta”.

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